Para evitar ésto, aunque me tarde más y tal vez cometa errores, escribiré en ésta página las referencias donde puedan encontrar la información citada y pondré solo los enlaces poco fáciles de encontrar. Gracias por la comprensión.
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22-Febrero-2010
Logran burlar sentencia y saquean 5.7 millones
Andrés Becerril
Todo inició por una demanda laboral de 13 empleados del tricolor; sin embargo, ahora el caso está en la Procuraduría y se encuentran implicados la dirigencia del Revolucionario Institucional, la senadora María de los Ángeles Moreno, la embajadora de Indonesia y un funcionario del GDF, quienes cobraron 7 cheques de una cuenta bancaria que fue descongelada para pagar a los ex trabajadores
Una denuncia penal por falsificación de firmas y fraude procesal, complicidad por omisión y falsedad de declaraciones que investiga Además de la líder priista, en este caso –que es consecuencia de un juicio laboral perdido por el PRI–, están involucrados la senadora María de los Ángeles Moreno y el director administrativo de
El pleito laboral con ocho de sus ex trabajadores ha evolucionado de tal forma que el PRI tiene embargado su edificio de Puente de Alvarado número 65, y está a punto de perderlo si no paga 13 millones 800 mil pesos a los empleados despedidos hace seis años.
El caso inició con una demanda laboral de 13 trabajadores del PRI-DF, que exigían una liquidación de ley, pero que al negárselas, el partido político ha ido perdiendo todas las instancias, y sus abogados recurrieron a la falsificación de documentos para descongelar una cuenta bancaria asegurada y en un día prácticamente la dejaron vacía.
Excélsior tiene copia del expediente del juicio en el que aparece la relación de movimientos de la cuenta bancaria del PRI congelada por las autoridades laborales para garantizar el pago de la indemnización a 13 trabajadores. Al momento del aseguramiento, la cuenta priista tenía 8 millones 641 mil 282 pesos y 24 centavos.
Pero cuando los abogados del PRI lograron que la cuenta fuera descongelada para pagarles 900 mil pesos a cuatro demandantes con quienes se había llegado a un acuerdo, la cuenta quedó con saldo un millón 539 mil 463 pesos y 49 centavos, cuando la cantidad que debió permanecer congelada era de 7 millones 239 mil 463 pesos y 49 centavos.
Durante el trámite para descongelar la cuenta bancaria fue que se presentaron documentos donde supuestamente ocho trabajadores se desistían de su demanda, pero resultó que las firmas y los testimonios eran falsos.
En el expediente aparecen también los cheques de caja con cargo a la cuenta que debió permanecer congelada y que cobraron la senadora Moreno, la embajadora Pría, el funcionario del gobierno de Marcelo Ebrard y el PRI todos fechados el 20 de marzo de 2007.
Consta en el expediente 472/04 que incluso los abogados priistas ofrecieron sus servicios para una pronta resolución del litigio, según el acta del 27 de febrero de 2007. “Solicitando se me permita llevar el oficio solicitado a la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, SA, a efecto de agilizar el destrabe de la cuenta bancaria número
Los 13 ex trabajadores del PRI-DF fueron despedidos en febrero de 2004 y 11 meses después le ganaron a ese partido el juicio por más de 4.5 millones de pesos . Actualmente la deuda asciende a más de 13.8 millones de pesos.
La acusación por falsificación de firmas y fraude procesal de ocho de los 13 empleados despedidos pesa sobre un grupo de abogados del PRI y el presidente de una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, Fausto Rosales Cerna.
La historia de este caso de fraude comenzó el 27 de febrero de 2004, con una demanda laboral. En esa fecha, los 13 trabajadores del PRI-DF demandaron a su patrón por despido injustificado. Reclamaban indemnización de ley y los salarios caídos, a partir del tiempo que durara el juicio.
La demanda de Víctor Manuel Peña Castañeda, Raúl Argüelles Orozco, Marcos Chávez Meléndez, Gabriel de Rugama Ortega, José Alonso Pérez Reyes, José Alberto Buendía González, Arturo González Moreno, Juan Isaías Guadarrama Ruiz, María Lidia Hernández Cruz, Alejandro Sol Gómez, Fernando Tobón Hernández, Primo Jaime Sánchez Martínez y Saúl Martínez Villareal quedó a cargo de
Once meses después, el 19 de enero de 2005, Rosales Cerna emitió el laudo, donde condenó al Comité Directivo del PRI en el DF a pagar a cada uno de los demandantes la cantidad de 388 mil 881 pesos, cosa que hasta la fecha se ha negado a hacer, por lo que la deuda por indemnización ha ido creciendo debido a salarios caídos, hasta llegar a un millón 725 mil pesos para cada trabajador.
El partido político buscó un amparo de la justicia federal el 21 de abril de 2005, pero el 11 de agosto de ese año, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió en el expediente 5670/05 negarle al PRI ese recurso.
Se dictaminó embargar la cuenta bancaria del PRI, para garantizar el pago de las indemnizaciones a los ex trabajadores del partido.
La cuenta congelada fue la 0143967662 de Bancomer, a nombre del Comité Directivo del PRI, abierta el 14 de junio de 2004, según informó la propia institución bancaria a
De acuerdo con el expediente, el saldo del PRI en esa cuenta era de 8 millones 641 mil 282 pesos y 24 centavos, radicado en la sucursal 7692, con sede en Florencia 6, en
El 27 de febrero de 2006, los representantes legales del PRI Sergio Martín Mora Castro y Jorge Enrique Sandoval Tapia llegaron a un acuerdo con cuatro de los 13 trabajadores demandantes y se presentaron ante el presidente de
Los cuatro ex trabajadores convinieron que el PRI le entregara a cada uno 225 mil pesos y se terminara el litigio. En el expediente 472/04 consta que los cuatro trabajadores con los que PRI llegó a un acuerdo se identificaron con sus respectivas credenciales del IFE.
Esos cuatro trabajadores son Arturo González Moreno, Alejandro Sol Gómez, Fernando Tobón Hernández y Gabriel de Rugama Ortega.
En ese mismo acto, según consta en el expediente, los abogados del partido aprovecharon la oportunidad para tres cosas: solicitarle al presidente de
El mismo 27 de febrero de 2006, Rosales Cerna aceptó como reales unos escritos presentados seis días antes en
Los ocho escritos que supuestamente redactaron los demandantes son idénticos. Los documentos fueron tomados por auténticos sin más trámite, aunque en realidad se trata de documentos falsos, en su contenido y firma.
Ninguno de los ocho ex empleados ha recibido dinero de parte del PRI como indemnización, según afirmaron los demandantes, que al darse cuenta de la falsificación de sus firmas y testimonio iniciaron una denuncia penal.
El 23 de marzo de 2007, Bancomer informó a
“No obstante lo anterior, y tal como se ordena en el citado oficio número 02/370/07, este institución (Bancomer) procedió nuevamente a embargar la cuenta número 143967662, con un saldo a este día por la cantidad de
El 10 de abril de 2007,
Bancomer envió el 5 de mayo de
Veintitrés días después, el 28 de mayo, un trabajador más del grupo despedido, Víctor Manuel Peña Castañeda, llegó a un arreglo con el PRI, con una suma igual a la de sus otros cuatro compañeros, de 225 mil pesos, para terminar el pleito.
El 8 de junio de 2009, los ocho ex trabajadores del PRI que siguen en juicio, presentaron ante la procuraduría capitalina la denuncia penal en contra de Beatriz Paredes, María de los Ángeles Moreno, Jorge Sandoval Núñez, Jorge Enrique Sandoval Tapia, Sergio Martín Mora Castro y Fausto Rosales Cerna, por los delitos de falsificación de firmas, fraude procesal, complicidad por omisión y falsedad de declaraciones.
Los demandantes lograron el 24 de septiembre del año pasado que las autoridades laborales embargaran en su favor la sede del PRI en el DF, en Puente de Alvarado número 65, que ese partido está a punto de perder si no paga un millón 725 mil pesos a cada uno de los ocho ex trabajadores.
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